Ciudadanos de Morelos han manifestado su inconformidad ante presuntas irregularidades en la Dirección de Movilidad y Transporte del estado. Las principales quejas incluyen la presencia de gestores que, a cambio de pagos en efectivo, agilizan trámites de manera irregular, así como desorganización que provoca largas filas y retrasos en los servicios.
A pesar de que la gobernadora Margarita González Saravia asumió el cargo en octubre de 2024 con el compromiso de eliminar la corrupción y optimizar los trámites vehiculares, diversos reportes periodísticos evidencian la continuidad de prácticas ilegales.
Tras asumir el cargo, la administración estatal reestructuró la Secretaría de Movilidad y Transporte, integrándola a la Secretaría de Gobierno y nombrando a Josué Fernández Fernández como su titular.
En noviembre de 2024, Fernández reconoció públicamente la existencia de cobros indebidos y tráfico de influencias dentro de la dependencia. Sin embargo, las quejas persistieron, y en febrero de 2025, fue destituido debido a «evidencias contundentes» de actos ilícitos, según informó el secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito, sin detallar los hechos específicos.
En su lugar, la gobernadora designó a Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado federal por Morena, con la encomienda de recuperar la confianza ciudadana y garantizar un sistema de movilidad eficiente y transparente. No obstante, las irregularidades continúan según reportes periodísticos.
Denuncias en medios de comunicación señalan que una red de gestores sigue operando en los módulos de atención, con el respaldo de funcionarios, para agilizar procesos a cambio de pagos que oscilan entre 800 y 2,500 pesos. Esta estructura estaría encabezada por Martín Dámaso, alias «El Negro», exjefe de revista mecánica (2006-2012) y director del servicio público, privado y particular (2018-2024). Junto con colaboradores como Federico Gómez, Fabián Figueroa, Francisco Arce Catalán, Primo Galindo Bolaños, Carlos Estrada («El Charly»), Diego Olea y Patricia Yáñez, habrían operado un esquema en el que trámites como el emplacamiento de vehículos de lujo o cambios de propietario generaban ganancias de hasta 1,250 pesos por cada cien mil pesos de valor comercial.
Problemas en la atención y escasez de placas
Además de las acusaciones de corrupción, ciudadanos han denunciado la ineficiencia en la atención. Para realizar trámites, muchos deben acudir desde las 4 o 5 de la mañana para obtener turno, sin garantía de ser atendidos. Las largas esperas han generado inconformidad y protestas, evidenciando una crisis operativa que se suma a las irregularidades reportadas.
Usuarios han declarado en medios locales y nacionales que, tras invertir horas en fila, solo reciben un permiso temporal impreso en hoja de papel en lugar de sus placas definitivas. Actualmente, la escasez de placas metálicas ha obligado a las autoridades a emitir estos documentos provisionales sin ofrecer una solución clara sobre cuándo se normalizará el suministro, lo que ha generado mayor molestia entre los automovilistas.
Este caso ha sido ampliamente cubierto por medios locales y nacionales en el marco de otros cuestionamientos a la administración estatal, que enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
Aunque la gobernadora González Saravia ha insistido en su compromiso con la transparencia, la permanencia de estas prácticas dentro de la Dirección de Movilidad y Transporte genera dudas sobre la efectividad de sus medidas. La presión sobre su gobierno crece ante la exigencia de acciones concretas que pongan fin a estos problemas.