La exigencia de justicia tomó las calles frente a los juzgados penales de este municipio, donde decenas de personas, acompañadas por el Colectivo Nacional No más presos inocentes, alzaron la voz para pedir la liberación de Carlota «N», una mujer detenida por presuntamente disparar y matar a dos personas durante un conflicto por una propiedad.
Los manifestantes aseguran que Carlota actuó en legítima defensa de su patrimonio y su vida, luego de que, denuncian, las autoridades ignoraran reiteradas solicitudes de ayuda para desalojar a quienes consideraban invasores en la unidad habitacional Hacienda de Guadalupe.
🔍 Un caso envuelto en tensión
De acuerdo con los primeros reportes, el trágico suceso se desató cuando Carlota y sus hijos, Eduardo y Mariana, intentaron recuperar la propiedad presuntamente ocupada de manera ilegal. Durante el enfrentamiento, dos personas perdieron la vida y una más resultó herida, lo que derivó en la detención de la familia y su traslado al penal de Huitzilzingo.
La audiencia para definir su situación jurídica fue suspendida de manera temporal, a fin de que la defensa pueda analizar a fondo las imputaciones del Ministerio Público.
📢 Apoyo popular y protestas pacíficas
Con pancartas, música y consignas, los manifestantes han convertido su indignación en una manifestación constante frente a los juzgados. Para ellos, Carlota no es una criminal, sino una ciudadana abandonada por el Estado, que se vio obligada a actuar ante la inacción de las autoridades.
“¡No más presos inocentes!”, corean mientras exigen que el sistema judicial reconozca lo que, aseguran, fue un acto desesperado de defensa legítima.
⚠️ Posible foco de tensión
Hasta el momento, las protestas se han desarrollado de manera pacífica, sin que se reporten incidentes graves. No obstante, la creciente indignación podría escalar si no se atiende el caso con celeridad y transparencia, advirtieron los organizadores.
Mientras tanto, el caso de Carlota «N» sigue siendo un tema que pone sobre la mesa debates urgentes: la legítima defensa, el abandono institucional y el derecho a proteger el hogar.